En 2025 se cumplen nueve años de la firma de los Acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, lo que fue motivo de celebración para el expresidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, para figuras que en su momento impulsaron el “no” en el plebiscito fue la razón para reiterar las fallas de la implementación de los acuerdos.
Uno de los puntos claves del acuerdo final fue la Justicia Especial para la Paz (JEP) que apenas este año emitió las primeras sanciones contra miembros del último secretariado de la extinta guerrilla. Sobre el tribunal especial, diversas figuras del uribismo han señalado que es un medio para llevar a la impunidad los crímenes que se cometieron durante el conflicto armado.
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Las críticas a la JEP también han sido por cuenta de que vinculó a militares retirados en el caso de los llamados falsos positivos. Pese a que algunos uniformados han aceptado su responsabilidad, desde los sectores políticos que contradicen al tribunal especial han reiterado que es una “camisa de fuerza” para forzar a los miembros de las Fuerzas Armadas a aceptar crímenes en los que no participaron.
Este fue el argumento principal con el que congresistas del Centro Democrático radicaron un proyecto de acto legislativo para que reformar el ordenamiento jurídico que dio origen a la justicia transicional. El principal cambio que se incorporaría sería la presunción de inocencia para los militares en retiro que fueron vinculados al caso de los falsos positivos.
En este sentido, las sentencias que les sean impuestas a los uniformados podrían llegar a una segunda instancia, en la que sea posible interponer recursos de apelación, casación y hasta tutelas que, según explicaron sus autores, no se queden únicamente en la JEP, sino que puedan ser estudiadas por la Corte Suprema de Justicia.
En la misma línea, Valencia fue enfática en que los militares deben recibir el mismo trato que recibieron los excombatientes que no fueron hallados como máximos responsables de los crímenes del conflicto armado. Según la senadora, los procesos de los uniformados en retiro que no tienen responsabilidad alguna en los falsos positivos también deberían ser cerrados e, igualmente, revisados por la Corte Suprema.
“Nosotros esperamos que lo haga, porque creemos que aquí se han cometido muchísimas injusticias y se van a seguir cometiendo, sobre todo en torno a los miembros de la fuerza pública que no se han declarado culpables, que no reconocen responsabilidad y que han optado por defenderse”, aseveró la congresista.
El proyecto, que inicia un tránsito de ocho debates en el Legislativo, es una manera también de responder al “conejo” que desde el uribismo han señalado que se le hizo al plebiscito por la paz de 2016, en el que ganó el “No” por un apretado margen.
Según el representante a la Cámara José Jaime Uscategui, en los nueve años que lleva la implementación del acuerdo, las víctimas no han sido reparadas integralmente, mientras que los miembros de la extinta guerrilla gozan de beneficios jurídicos y políticos que les fueron otorgados, según él, por el entonces presidente Juan Manuel Santos.
“Los hechos hablan por sí solos. Nueve años en los que se nos dijeron que criminales de lesa humanidad iban a pagar cárcel y aquí los tenemos en el Congreso. 10.500 millones de dólares es el patrimonio de las FARC y ni un centavo ha ido a reparar a las víctimas. Tienen las curules, tienen los proyectos productivos, los esquemas de seguridad y para las víctimas nada. No han entregado una sola ruta del narcotráfico y este país sigue nadando en coca y en violencia. Es decir, que sí nos incumplieron y por eso el presidente Santos y ese Gobierno y ese Congreso de esa época están en deuda con el país”, señaló el congresista.
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