En términos económicos, la ACM recordó que la minería formal aportó 35 billones de pesos en impuestos y regalías al Estado durante 2022 y 2023, de los cuales el 85% provino del carbón térmico, un mineral cuya exploración y producción quedaría prohibida bajo el nuevo marco legal.
Nariño subrayó en Portafolio que el Gobierno no ha presentado alternativas para reemplazar estos recursos ni para las familias que dependen de la industria del carbón térmico en regiones como Boyacá, Cundinamarca, Santander, Cesar y La Guajira. Además, el sector minero dinamizó la economía en 2024 mediante la compra de bienes y servicios por cerca de 14 billones de pesos a empresas colombianas, beneficiando a sectores como transporte, comercio, construcción y servicios ambientales. De esta actividad dependen 990.000 personas que se emplean o se vinculan a la cadena de valor minera.
Otro de los riesgos señalados por la ACM es el posible aumento de la minería ilegal. Nariño advirtió en Portafolio que debilitar la minería formal abriría la puerta a la explotación ilícita de minerales, dejando los territorios en manos de organizaciones criminales y generando graves consecuencias sociales y ambientales. “Al frenar la minería legal, lo que se fomenta es la minería ilegal y la degradación de los ecosistemas”, afirmó el dirigente gremial.
En cuanto a la responsabilidad ambiental, la ACM destacó que la industria minera formal realizó inversiones por 777.000 millones de pesos en 2024, casi el doble del presupuesto total del Ministerio de Ambiente en 2023. Estas inversiones, según Nariño, se concentran en una industria que ocupa apenas el 1% del territorio colombiano, lo que demuestra el compromiso del sector con la sostenibilidad y la gestión ambiental.
Ante este panorama, la ACM hizo un llamado al Congreso, especialmente a las comisiones quintas del Senado y la Cámara, para que analicen a fondo los efectos de la propuesta. Nariño advirtió que los principales perjudicados serían las comunidades mineras y la población en general, que dejarían de recibir recursos de regalías e inversión social. En palabras recogidas por Portafolio, la advertencia es clara: lejos de fortalecer al país, el proyecto podría llevar a la industria minera a un escenario de inactividad, desempleo y expansión de la ilegalidad.
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