La diputada Álvarez Villavicencio destacó que, tan solo en 2024, se abrieron más de 984 carpetas de investigación por abuso sexual vinculadas a uniones forzadas de menores, principalmente en municipios urbanos como Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Naucalpan.
Subrayó que este fenómeno, además de vulnerar derechos humanos, perpetúa ciclos de violencia y marginación entre adolescentes.
Por su parte, el diputado Octavio Martínez propuso convocar al Poder Judicial del Estado de México para fortalecer el análisis de la iniciativa y enriquecer el debate legislativo.
Embarazos en menores
Señaló que este tipo de casos no deben abordarse desde la criminalización de los menores involucrados, sino desde una perspectiva de protección y prevención.
“En el Hospital de las Américas de Ecatepec se registran mil 200 nacimientos mensuales, de los cuales 840 corresponden a madres menores de edad. Este dato revela la urgencia de actuar con firmeza”, advirtió el legislador morenista.
La diputada Miriam Silva coincidió en que los matrimonios forzados entre menores son un problema de alcance nacional y estatal. Subrayó que la ley debe aplicarse con rigor, pues no basta con declaraciones públicas o compromisos simbólicos. “La pena propuesta es proporcional al daño que este delito provoca en la vida de las víctimas”, afirmó.
La iniciativa de reforma al Código Penal estatal, impulsada por los diputados panistas Anuar Roberto Azar Figueroa y Pablo Fernández de Cevallos González, propone sancionar con ocho a 15 años de prisión y de mil a cuatro mil días multa a quien obligue, induzca, coaccione o consienta una unión entre menores, sin importar si existen creencias religiosas, usos o costumbres que lo respalden.
Las penas podrían incrementarse hasta en una mitad —es decir, hasta 22.5 años de cárcel y seis mil días multa— si el delito se comete con violencia o en perjuicio de menores con discapacidad, o pertenecientes a pueblos indígenas o afromexicanos.
Actualmente, el castigo va de dos a cuatro años de prisión y de 500 a dos mil días multa, por lo que la propuesta representa un endurecimiento sustancial de la ley.
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